Radar Cuadrante
Después de semanas de escalamiento en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, la crisis alcanzó un punto culminante durante la madrugada del 3 de enero, cuando el Ejército estadounidense, en coordinación con la CIA, llevó a cabo la aprehensión del presidente Nicolás Maduro. Washington justificó la operación con base en una orden de arresto emitida por un tribunal de Nueva York, derivada de acusaciones formuladas en 2020 por narcotráfico, corrupción y violaciones a derechos humanos.
La operación tuvo una duración aproximada de tres horas y, de acuerdo con diversas versiones, contó con contactos previos entre miembros del círculo cercano de Maduro y agentes estadounidenses. El despliegue incluyó alrededor de 150 aeronaves, así como la participación de fuerzas especiales Delta. Maduro fue trasladado en la fragata USS Iwo Jima a una base militar y posteriormente enviado al Metropolitan Detention Center en Brooklyn, Nueva York.
Las reacciones internacionales fueron inmediatas. La Unión Europea, con excepción de Francia y España, se limitó a señalar que monitoreaba la situación. En contraste, los principales aliados de Venezuela —Rusia, China, Irán, Cuba y Nicaragua— condenaron la acción de forma enérgica. En América Latina, las posturas fueron diversas: Argentina, Ecuador y El Salvador celebraron la detención, mientras que Brasil, Colombia, Chile y México la calificaron como una violación al derecho internacional. Cabe destacar que el reciente triunfo de José Antonio Kast en Chile podría modificar la postura de ese país en los próximos meses.
En este contexto, declaraciones posteriores de Donald Trump, en las que afirmó que “algo tenía que hacerse” con México y que “los cárteles gobiernan el país”, llevaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a limitarse a destacar la existencia de una colaboración adecuada con las autoridades estadounidenses. Paralelamente, el Senado mexicano pospuso la discusión sobre la entrada de más de 500 militares estadounidenses para labores de adiestramiento, argumentando que los acontecimientos en Venezuela debían analizarse con cautela.
Trump también afirmó que su gobierno “administraría” Venezuela y abriría su industria petrolera a empresas estadounidenses. Estas declaraciones fueron matizadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien negó un despliegue militar prolongado en territorio venezolano. No obstante, Rubio ha sido señalado como uno de los principales impulsores de la acción, en línea con una trayectoria política marcada por su oposición a los regímenes de izquierda en América Latina.
El futuro inmediato de Venezuela permanece incierto. La estructura central del chavismo continúa en funciones, con la vicepresidenta Nancy Rodríguez designada como presidenta interina y Vladimir Padrino manteniéndose como ministro de Defensa. Rodríguez, figura clave del régimen desde 2012, es considerada parte del ala tecnocrática del gobierno, con formación jurídica y experiencia en negociación internacional. Aunque existieron especulaciones sobre una eventual designación de María Machado, Trump descartó públicamente esa posibilidad al señalar que carecía del respaldo social necesario para gobernar.
Este episodio se inscribe en un retorno explícito a la Doctrina Monroe, impulsado por la Casa Blanca ante el surgimiento de polos de poder alternativos, particularmente China, cuya influencia económica y tecnológica rivaliza cada vez más con la estadounidense. En este contexto, Washington busca consolidar su control en regiones estratégicas como América Latina, donde iniciativas como BRICS, lideradas en parte por Brasil, desafían el orden internacional establecido.
Si bien el régimen de Maduro presentaba una fragilidad evidente y una legitimidad cuestionada por múltiples organismos internacionales, el precedente que se establece es de gran alcance: la idea de que un jefe de Estado puede ser detenido y extraditado por decisión unilateral de una corte extranjera, ignorando principios básicos del derecho internacional y de la soberanía estatal.
Diversos analistas coinciden en que se ha entrado en una etapa donde el orden jurídico internacional pierde centralidad, frente a un entorno marcado por conflictos activos o latentes en Europa, Medio Oriente, el Sudeste Asiático y América Latina. En este escenario, México enfrenta el reto de navegar una creciente volatilidad geopolítica, equilibrando concesiones externas, intereses internos y las expectativas de su base electoral.