Radar Cuadrante

El gobierno de México inauguró la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversión, con el objetivo de coordinar a las 32 entidades federativas con las metas de desarrollo del Ejecutivo federal, el cual planteó una inversión hacia 2030 por 900 mil millones de pesos, equivalente al 5.6 % del PIB. Se trata de un anuncio ambicioso por su posible alcance, aunque acompañado de interrogantes sobre su ejecución.

La reunión representa un paso dentro de un proceso previo de alineación público-privada iniciado con la creación del Consejo para la Promoción de Inversiones, instalado en diciembre del año pasado por la presidenta, con la participación de empresarios destacados como Carlos Slim, José Antonio Fernández, Carlos Hank González y Francisco Cervantes, entre otros.

Aunque las medidas han sido bien recibidas por analistas como Gerardo Esquivel, se subraya la necesidad de establecer mecanismos claros de seguimiento que permitan materializar la magnitud de los proyectos. Al mismo tiempo, se interpreta como una señal positiva la apertura a la participación privada, en un reconocimiento implícito de las limitaciones económicas y operativas del Estado para impulsar por sí solo el desarrollo requerido, asumiendo así un rol de coordinación más que de ejecución directa de las inversiones.

La presidenta anunció que asumirá la conducción directa del Consejo de Inversiones, lo que podría agilizar la resolución de obstáculos que enfrenten proyectos estratégicos. Esta decisión también refuerza la centralidad de la figura presidencial ante las limitaciones de coordinación interinstitucional, evidenciando una estructura administrativa que mantiene retos en materia de fortalecimiento institucional.

De manera paralela a estos anuncios, figuras del partido en el poder concentraron atención mediática por acciones asociadas a prácticas autoritarias y presuntos actos de corrupción. Destacan los casos de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera. A Sansores se le atribuye el uso del aparato judicial estatal para perseguir a opositores, incluyendo señalamientos sobre la presunta fabricación de pruebas contra el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud, lo que derivó en su remoción, así como la apertura de investigaciones contra 11 de los 16 diputados locales de Morena tras cuestionamientos al presupuesto estatal de 2026, que contemplaba un endeudamiento por mil millones de pesos, calificado por la mandataria como “inversión”.

Por su parte, el alcalde de Tequila, Diego Rivera, enfrenta señalamientos por presuntamente encabezar actividades delictivas en el municipio, incluyendo cobro de piso y secuestro, a través de vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, según mensajes difundidos públicamente en los que se hace referencia al líder de dicha organización.

Estos episodios podrían incidir en la percepción del partido a nivel local; sin embargo, a escala federal, la presidenta ha mantenido una narrativa de distancia política respecto a estos casos, estrategia que también fue utilizada por su antecesor. En consecuencia, el impacto en procesos electorales relevantes, como la renovación del Congreso, resulta complejo de anticipar.

En el ámbito internacional, la relación con Cuba continúa representando un reto de alta sensibilidad política. Esta situación ha trascendido el plano federal y se ha reflejado en la Cámara de Diputados, donde el grupo de amistad bilateral enfrentó dificultades para designar presidencia, luego de que el priista Rubén Moreira declinara continuar al frente, lo que generó cuestionamientos por parte de legisladores de Morena. Este episodio ilustra el alcance de las presiones estadounidenses en torno al tema.

La presidenta enfrenta un margen de acción acotado, al tratarse de un asunto prioritario para la administración de Donald Trump. Sin embargo, dentro de la opinión pública estadounidense, el tema ha sido desplazado por la difusión de nuevos archivos relacionados con el caso Jeffrey Epstein, que involucran a figuras de alto perfil como Elon Musk, Bill Clinton y Bill Gates. Destaca el caso de Peter Mandelson, embajador del Reino Unido en Estados Unidos, quien fue separado del cargo tras la publicación de los documentos, acompañada de una disculpa pública del primer ministro Keir Starmer hacia las víctimas.

La divulgación de los documentos fue cuestionada por integrantes del Partido Demócrata, quienes señalaron la ausencia de referencias a Donald Trump, interpretación que atribuyeron a una omisión deliberada. Asimismo, colectivos de defensa de víctimas advirtieron sobre deficiencias en el manejo de información sensible, al revelarse datos confidenciales de personas que habían optado por permanecer en el anonimato.

En este contexto, el presidente Trump declaró cerrado el caso, aunque las encuestas reflejan que el tema mantiene atención entre el electorado, mientras se registra una disminución en sus niveles de aprobación, particularmente en materia migratoria, un rubro que previamente figuraba entre sus principales fortalezas.

El año 2026 inició con un entorno complejo, marcado por múltiples frentes de análisis político tanto a nivel nacional como internacional, en un escenario donde los esquemas tradicionales de gestión institucional de controversias enfrentan cuestionamientos, y en el que las dinámicas de poder político, económico y militar adquieren mayor peso en la definición de las relaciones internacionales.