Radar Cuadrante

Esta semana, el cierre del espacio aéreo de El Paso, Texas, por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) fue el principal tema de debate en mesas de opinión y primeras planas mediáticas; sin embargo, presentó un componente relevante al generar lecturas diferenciadas a cada lado de la frontera.

En México se tomó como válida la versión de la FAA, que informó sobre operaciones contra drones del narcotráfico en la zona. Medios citaron el último reporte de 2024 sobre los llamados narcodrones, elaborado por autoridades estadounidenses, que registró 150 drones diarios en la zona fronteriza, a lo largo de toda la frontera. Esto generó críticas al gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha colocado la seguridad como uno de sus ejes de acción política.

Por su parte, medios estadounidenses cuestionaron la versión oficial. El alcalde de la ciudad de El Paso, Renard Johnson, calificó la medida como innecesaria. Las críticas mediáticas por discrepancias entre versiones federales y estatales llevaron a la FAA a reabrir el espacio aéreo. La situación fue interpretada como muestra de falta de coordinación en la Casa Blanca, incluso con autoridades de su propio partido.

Mientras tanto, en México la Cámara de Senadores inició el proceso de aprobación de la reforma laboral del Ejecutivo, que propone reducir la jornada de 48 a 40 horas semanales, aunque incrementa las horas extra permitidas. La reforma fue aprobada por unanimidad en lo general; en lo particular, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra al señalar que no se especifican los dos días de descanso semanales, lo que, a su juicio, desvirtúa el espíritu central de la reforma. La iniciativa ha enfrentado dificultades para su implementación ante resistencias de sectores empresariales, especialmente pymes, debido a análisis que anticipan presión económica en sus operaciones.

Otra reforma ya aprobada que podría generar disputa interna por sus implicaciones es la ley antinepotismo, aprobada el año pasado. Aunque aún no inician los procesos electorales, existen especulaciones en torno a Saúl Monreal, hermano del gobernador de Zacatecas, David Monreal, y del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien expresó que evalúa postularse a la gubernatura al concluir el mandato de su hermano. La familia Monreal mantiene influencia política relevante en la entidad, por lo que un eventual triunfo podría interpretarse como un caso de nepotismo.

El caso Monreal, aunque llamativo, podría procesarse de forma interna en el partido. A ello se sumó el anuncio del líder del Partido Verde, Manuel Velasco, quien mencionó a Ruth González, esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, como posible candidata de su partido. En ambos casos se afirmó respeto a la ley impulsada por la presidenta, aunque Saúl Monreal sostuvo que su apellido no limita sus derechos de participación política.

Morena ha mantenido estabilidad interna mediante una estrategia de negociación política, lo que podría ofrecer una válvula de escape a estas discrepancias a través de designaciones en otros cargos legislativos o ejecutivos. La alternativa sería un quiebre, especialmente con la familia Monreal, dado su peso político en Zacatecas. En el caso del Partido Verde, existe margen para respaldar a otro perfil competitivo; en Zacatecas, la pérdida del control estatal representaría un punto de tensión en la negociación política.

Será necesario observar la capacidad de negociación interna, tanto de la presidenta como de la estructura partidista encabezada por Luisa María Alcalde, en un contexto donde las bases demandan avances en seguridad y agenda social, mientras los grupos internos buscan preservar su posición política.

La reforma laboral evidencia los límites políticos y económicos del margen de acción del gobierno federal en determinadas medidas. En el caso de la ley antinepotismo, resultará aún más complejo mantener cohesionados a los distintos grupos internos bajo este marco, lo que podría generar desplazamientos hacia partidos opositores, especialmente en el ámbito municipal, donde esta práctica es más frecuente que en los niveles estatal o legislativo.