Radar Cuadrante

La presentación del plan para impulsar la producción de gas natural el pasado 8 de abril, confirma un giro político y energético que vale la pena observar con atención. El gobierno federal empieza a tomar distancia de varios de los postulados que definieron la política energética del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo sexenio se caracterizó por una apuesta casi total por el control estatal del sector, con prioridad para Pemex y la CFE por encima de la participación privada.

Durante esos años, la narrativa oficial sostuvo que esa ruta respondía al desorden regulatorio que dejó la apertura energética previa, sobre todo en el sector eléctrico. Bajo ese argumento, el gobierno cuestionó figuras como el “autoabasto”, acusó abusos en el pago del porteo y promovió una reestructuración institucional, legal y burocrática que desembocó en la reforma eléctrica de 2021 y en una mayor concentración de atribuciones en la Secretaría de Energía, con el objetivo claro de devolver al Estado la conducción estratégica del sector.

Claudia Sheinbaum recibió, así, un aparato energético en pleno reacomodo institucional, aunque también con un rezago de varios años en capacidad de crecimiento. A ello se suma la presión financiera que enfrentan las empresas públicas, especialmente Pemex, cuya situación limita el desarrollo de nuevos proyectos. Ese cuadro choca con la ambición presidencial de colocar a México entre las diez economías más grandes del mundo, una meta que exige más capacidad industrial, mayor disponibilidad de energía y condiciones suficientes para ampliar la producción a escala nacional.

En ese contexto debe leerse la apertura al fracking. Durante el sexenio anterior, la fracturación hidráulica se convirtió en una bandera discursiva útil para marcar distancia política e ideológica. Hoy, el gobierno parece optar por un enfoque más pragmático por la necesidad de crecimiento económico. La presión por fortalecer la seguridad energética y el perfil técnico de la presidenta abren espacio para reconsiderar una herramienta que durante años quedó políticamente acotada.

Morena construyó parte de su identidad de gobierno sobre la idea de frenar la expansión de mecanismos asociados con el modelo energético anterior. Por eso, reactivar la conversación sobre fracking revela una disposición a revisar dogmas cuando los objetivos económicos y energéticos empiezan a imponerse sobre la retórica. En los meses recientes, esa misma lógica ya se percibe en la apertura a proyectos con capital privado en gasoductos, así como en generación solar y eólica.

Hay además un elemento político central: el gobierno envolvió esta medida en el lenguaje de la soberanía nacional. La dependencia del gas natural importado desde Estados Unidos apareció de manera explícita como la razón principal para incentivar la producción nacional, incluso a través de métodos que implican costos políticos. El mensaje es claro: en un entorno internacional más tenso e incierto, la energía deja de ser solo una variable económica y recupera su dimensión geopolítica. México, en esa lectura, necesita fortalecer capacidades propias.

El éxito del plan dependerá de que el gobierno logre ofrecer certidumbre a los inversionistas, agilizar permisos, digitalizar trámites y reducir tiempos que en este sector suelen prolongarse durante años. También dependerá de su capacidad para construir legitimidad territorial y política frente a grupos ambientalistas, comunidades y actores locales que exigirán información, garantías y beneficios concretos.

En otras palabras, el anuncio marca un cambio de rumbo, aunque su verdadero alcance se medirá en la ejecución. La gran pregunta es si el gobierno será capaz de traducir este nuevo pragmatismo energético en resultados productivos reales o si el giro quedará solamente como una corrección discursiva frente a la urgencia del crecimiento.