Radar Cuadrante

El derrame en el Golfo de México, que durante semanas autoridades federales y estatales negaron, e incluso atribuyeron a una empresa privada, resultó ser responsabilidad de Pemex tras investigaciones impulsadas por la presión mediática y social en torno al impacto ambiental del siniestro.

Se informó que el derrame tuvo su origen en un ducto marino en la zona de Abkatún-Cantarell y se mantuvo por semanas sin informarse, incluso al interior de Petróleos Mexicanos. Equipos operativos decidieron no escalar el incidente y buscaron resolverlo por su cuenta, hasta que la situación se volvió inviable. La fuga de hidrocarburo afectó a Veracruz, Tabasco, Campeche y Tamaulipas, sin que hasta el momento se conozca el impacto ecológico real.

Esto llevó al gobierno a asumir una postura reactiva y realizar despidos en Pemex, entre ellos el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, así como responsables de control marino y manejo de residuos, ante señalamientos de fallas en protocolos internos y omisiones en la comunicación del incidente. Destaca que el director de Pemex, el Dr. Víctor Rodríguez, no fue señalado ni emitió un pronunciamiento relevante sobre el tema. De igual forma, la secretaria de Energía, Luz Elena González, no se involucró directamente. Esta distancia política expone falta de coordinación y claridad jerárquica dentro del sector.

La noticia ocurre en un momento complejo, ya que el gobierno anunció casi en paralelo, su intención de retomar el uso de fractura hidráulica o fracking para impulsar la producción de gas natural en el país, con el objetivo de reducir la dependencia del gas importado desde Estados Unidos. También busca mayor autonomía ante dinámicas internacionales, como el alza reciente de precios de hidrocarburos por la guerra en Medio Oriente. Aunque México no consume barriles provenientes de esa región, en un contexto de interconexión económica global, la producción propia ayuda a amortiguar variaciones de precios.

El objetivo de emplear una tecnología controversial por sus impactos ambientales, e intentar sustentarla mediante un Comité Científico integrado por perfiles cercanos al gobierno, ya implica un componente político. Además, se pretende respaldar la decisión en la capacidad técnica de Pemex para mitigar impactos ambientales, una narrativa que pierde fuerza ante derrames como este, que exhiben limitaciones operativas y tecnológicas para contener daños.

Se estima que el gobierno autorizará el uso del fracking, al considerarse el método más económico y eficiente para elevar la producción de gas natural. Aun así, esto implicará negociación política al interior del partido y medidas complementarias para atender a colectivos y organizaciones ambientalistas que se oponen a la medida. En la decisión destaca el pragmatismo de la presidenta, que conserva postulados sociales de su antecesor, y en el sector económico y energético introduce virajes, este último como el más marcado. Esto refleja la presión por ampliar capacidades de infraestructura para detonar inversiones.

En los últimos meses se anunciaron proyectos de manufactura automotriz, plantas de exportación de gas natural licuado, vías ferroviarias, entre otros. Sin embargo, persisten límites para una participación privada más amplia, al exigirse mayor claridad y certidumbre regulatoria, además de señalar límites en energía, logística y recurso hídrico para expandir operaciones. Estas tres aristas ya cuentan con planes gubernamentales, aunque su avance luce insuficiente para objetivos de crecimiento económico.

La presidenta plantea como objetivo colocar a México entre las 10 economías más grandes del mundo al término de su mandato. El país se ubica hoy en el lugar trece, con 1.86 trillones de dólares de PIB nominal, de acuerdo con el Banco Mundial, y requeriría superar a Canadá, con 2.28 trillones, para entrar al top 10. Este objetivo luce complejo ante un crecimiento proyectado de 1.6% para este año, una trayectoria similar a la observada desde el repunte posterior a la pandemia en 2020. Con el avance actual de proyectos, un escenario más realista ubicaría a México en la posición doce, al superar a España, con 1.89 trillones de PIB.

La promesa de campaña parecer haber resultado siendo bastante optimista, con el gobierno enfrentando límites estructurales para elevar el crecimiento; aunque existen planes para atenderlos, aún no se observa con claridad la escala de proyectos requerida para alcanzar esa meta.