Radar Cuadrante

La relación bilateral con Estados Unidos continúa tensándose. Después de que apenas hace una semana se diera a conocer el involucramiento de agentes de la Agencia Central de Inteligencia, CIA por sus siglas en inglés, en Chihuahua, en un operativo sin coordinación federal, la Corte del Distrito Sur de Nueva York formalizó la acusación penal y la solicitud de extradición contra el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales por cargos de importación de fentanilo, cocaína, metanfetamina y tráfico de armas.

El señalamiento se dio a conocer a través de medios estadounidenses y claramente tomó por sorpresa a la presidenta y, aún más, al gobernador. El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, anunció la medida al público doméstico de México en sus redes sociales, enmarcándola en el objetivo compartido de combatir la corrupción y el tráfico de drogas. Las reacciones de distintos actores políticos fueron inmediatas: la presidenta recurrió a la narrativa de soberanía nacional para abrir espacio a negociaciones diplomáticas, mientras que personajes como el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, dieron señales de que sería posible iniciar un proceso legal contra Rocha Moya.

Miembros de la oposición, como Ricardo Anaya, acusaron que esto era una prueba del vínculo entre Morena y grupos criminales, lo que dio un fuerte impulso a la narrativa sobre fallas en la política de seguridad y quizá abrió un nuevo ángulo político y narrativo sobre los sucesos ocurridos en Chihuahua.

No obstante, se debe remarcar que, aunque la presidenta haya señalado que no se encubrirá a nadie, el alto perfil del gobernador hace que una extradición resulte políticamente costosa, no solo para Morena, sino también porque sentaría un precedente relevante en la relación binacional.

Solo existen tres precedentes de gobernadores extraditados a Estados Unidos; sin embargo, estos ya no estaban en funciones. En el caso de Rubén Rocha, aún conservaría el cargo para el que actualmente se encuentra en licencia hasta octubre de 2027. Esto implicaría mantener una protección política, ya sea directa o indirecta, por más de un año hacia el gobernador, lo que, ante un aumento de señalamientos y presiones, podría volverse insostenible para Palacio Nacional.

La presidenta ya ha demostrado un estilo para lidiar con este tipo de casos. Un ejemplo es Adán Augusto López, quien, tras los señalamientos por su supuesto conocimiento de nexos entre su secretario de Seguridad y grupos criminales en Tabasco cuando fue gobernador de la entidad, fue retirado del Senado para integrarse al partido, en una especie de enfriamiento político, aunque sin proceder legalmente por las acusaciones.

Si bien esta sería la medida ideal para la presidenta, en este caso las acusaciones provienen de un gobierno que incrementa cada vez más las presiones sobre su contraparte mexicana. Además, con un Tratado de Libre Comercio en negociación mientras escribo y ustedes leen esta columna, la situación pone contra la espada y la pared a la presidenta.

En todo esto, algunos se preguntan cuál es el papel que juega la Casa Blanca. Una solicitud de este tipo, por su fragilidad política, debió contar al menos con el conocimiento del Salón Oval. Ante esta incógnita, algunos analistas señalan que la aprobación promedio del presidente estadounidense, ubicada alrededor del 35%, una de las más bajas en la historia para un mandatario en tiempos de guerra, pudo influir en la decisión.

Se especula que la desaprobación por el manejo del conflicto y sus repercusiones económicas, especialmente el alza en insumos básicos derivada de los altos costos de los combustibles habría llevado a su administración a reforzar uno de sus rubros mejor evaluados, la seguridad interna.

Aun así, se debe tener presente que, más allá de las motivaciones y de la falta de acciones del otro lado de la frontera contra el lavado de dinero y el tráfico de armas, los señalamientos contra el gobernador ya se habían realizado anteriormente, por lo que una investigación debería ser lo consecuente. Esta podría ser la salida más decorosa para todas las partes: una colaboración entre fiscalías, con base en la inteligencia adquirida por la Corte de Nueva York y la Fiscalía General de la República, que llegue al fondo de las investigaciones, otorgando credibilidad al discurso de soberanía y mostrando disposición política con el vecino del Norte.