Radar Cuadrante

La educación básica en México enfrenta un momento de discordia entre los intereses de la federación, las demandas de padres de familia, las necesidades de regulación escolar y la falta de coordinación a nivel estatal. Esto ocurre tras el anuncio del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, quien informó, por medio de un comunicado oficial, que se había acordado recortar el calendario escolar por más de un mes, con fecha de cierre el 5 de junio, argumentando el inicio del Mundial el 11 de junio y una “extraordinaria ola de calor” como justificaciones.

La medida recibió críticas de opositores, analistas y grupos de padres de familia. Entre los principales cuestionamientos destaca que podría acrecentar el rezago educativo de jóvenes que, debido a la pandemia de COVID-19, tuvieron una formación deficiente durante un periodo que aún requiere atención. Aunque el plan propone dos semanas en julio y agosto para reforzar conocimientos previo al inicio del nuevo ciclo escolar, diversos sectores consideran que esto resulta insuficiente.

Otra de las críticas se dirige a la motivación misma de la medida, pues la federación señala que facilitará la logística durante el Mundial. Sin embargo, solo tres ciudades de la República serán sede de partidos, por lo que tendría sentido adoptar la medida en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, mientras que en entidades sin actividades deportivas parece una decisión tomada sin consideración técnica previa. Asimismo, los gobernadores de Nuevo León, Samuel García, y de Jalisco, Pablo Lemus, declararon que sus estados no adoptarían la medida, pues carecieron de información con la anticipación debida. Señalaron que se habían considerado días de asueto durante los partidos de la Selección Nacional, pero no un cierre anticipado del ciclo escolar.

Finalmente, grupos de padres de familia han señalado que acortar por más de un mes el ciclo escolar podría generar presiones económicas y de supervisión de menores en los hogares. Tras la respuesta crítica de estos sectores sociales, la presidenta defendió la medida y enfatizó que se realizó en acuerdo con los 31 secretarios de Educación estatales, por lo que se trató de una decisión conjunta con los gobiernos locales. Sin embargo, adelantó que se sostendría otra reunión de secretarios educativos para incluir las preocupaciones, especialmente de grupos de padres de familia, en una nueva propuesta. Aunque no señaló si los cambios serían superficiales o de fondo.

El episodio ocurrió en medio de una victoria narrativa de la presidenta ante la llegada a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, integrante del ala derecha del Partido Popular en España. Ayuso enmarcó la visita como una gira para reivindicar los lazos culturales e históricos entre ambas naciones, en especial mediante una apología del periodo de la Conquista, uno de los ejes narrativos de la disputa entre izquierda y derecha en España. Esto la ha llevado, en el pasado, a declarar que “los mexicanos son salvajes” y que Hernán Cortés “civilizó” a la sociedad mexica.

La visita también contó con la coordinación del Partido Acción Nacional y del empresario Ricardo Salinas Pliego. Además, fue financiada con recursos del gobierno de Madrid, con un costo de 300 mil euros, lo que generó críticas al interior de España. Se señaló que, como presidenta de una comunidad autónoma, Ayuso carece de facultades para celebrar tratados internacionales o hablar en nombre de España en el ámbito internacional, por lo que la gira fue considerada un gasto innecesario con motivaciones políticas, más que diplomáticas. Esto llevó a que el propio presidente Pedro Sánchez se burlara de la visita y agradeciera a México por su papel en la crisis de refugiados durante la Guerra Civil española.

La gira de Ayuso fue recortada, tras estar inicialmente pensada para diez días, debido a la baja afluencia en los eventos organizados. Aunque la dirigente madrileña acusó un “boicot” por parte del gobierno federal, la presidenta respondió que en México existe libertad de expresión y que la realización de los eventos era prueba de ello. En este tema, Palacio Nacional parece haber ganado la narrativa, con un consenso mediático de que la visita carecía de un propósito político sólido por los postulados ideológicos que buscaba reivindicar, leyéndose más como un acto mediático dirigido al interior de España y con poca repercusión en México.

El último tema que dominó la conversación esta semana fue la amenaza del presidente Donald Trump sobre una posible intervención terrestre en México. Argumentó que, bajo la nueva política de seguridad de su país, si algún gobierno de Latinoamérica carecía de capacidad o disposición para actuar contra grupos criminales, su gobierno se reservaba el derecho de intervenir de forma unilateral. Estos dichos fueron rápidamente rechazados por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que Estados Unidos carece de avances relevantes en la reducción de adicciones y en el combate al tráfico de armas.

Las declaraciones de Trump están motivadas por sus bajos niveles de aprobación interna, derivados de las repercusiones económicas de la guerra con Irán, que han elevado el costo de insumos básicos para la población. Sin embargo, el rubro de seguridad nacional continúa siendo uno de sus fuertes políticos, por lo que un endurecimiento de políticas en este sector parece ser la estrategia para repuntar en popularidad previo a las elecciones intermedias de noviembre de este año. De esos comicios dependerá su capacidad real para implementar reformas y proyectos durante el resto de su mandato, en un contexto en el que múltiples encuestas apuntan a una posible pérdida de ambas cámaras para el Partido Republicano.