Radar Cuadrante
Aldo Arroyo Pellón, Consultor de Asuntos Públicos
01 de septiembre de 2026
El estado de Sinaloa fue, sin duda, el foco político durante agosto en la cobertura mediática nacional. El terremoto político provocado por el caso del gobernador con licencia, por segunda ocasión, Rubén Rocha Moya, ha dejado secuelas visibles en Palacio Nacional, obligando a la presidenta a posicionarse al respecto y a la estructura partidista de Morena a intentar ordenar los escombros que Rocha deja tras de sí.
Primero debe destacarse la audacia política del gobernador con licencia al intentar regresar a su cargo hace unos días sin el aparente beneplácito del partido o de la presidenta. Ambos se deslindaron rápidamente de la decisión, lo que obligó a Rocha a solicitar nuevamente licencia.
Sin embargo, a diferencia de la ocasión anterior, cuando se designó a su secretaria de Gobernación, Yeraldine Bonilla Valverde, como gobernadora interina, ahora se nombró a la diputada local Graciela Domínguez Nava. Se trata de un perfil cercano a la estructura partidista y de una señal de que comienza a desplazarse a Rocha del aparato ejecutivo estatal. La nueva gobernadora interina anunció en su primer mensaje como mandataria que evaluaría los programas de gobierno vigentes, así como a los integrantes del gabinete, y que no descartaba realizar cambios.
Adicionalmente, el partido nombró a la senadora con licencia Imelda Castro Castro como “Coordinadora Estatal de Defensa de la Transformación”. Más allá de lo rimbombante del título, en la práctica se trata de una posición clave desde la que se administran recursos humanos y financieros del partido en la entidad, ambos elementos centrales de cara al proceso electoral del próximo año.
Habrá que observar si Rocha Moya logra alcanza una negociación para atender las acusaciones en su contra. No obstante, debido al desgaste político que enfrenta, sería una decisión errónea para el partido restituirlo como gobernador o incorporarlo a algún espacio legislativo durante el proceso electoral de 2027.
La mejor salida política para quien probablemente se convierta en exgobernador durante las próximas semanas sería un cargo al interior del partido, como ocurrió con Adán Augusto, o una designación diplomática, como ha sucedido en otros casos, entre ellos el del exfiscal Gertz Manero.
Este no ha sido el único caso dentro de Morena en el que una solicitud de licencia se encuentra en el centro del debate. Esta semana también surgió el caso del senador por Sinaloa Enrique Inzunza Cázares, acusado por autoridades de Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, señalamientos que rechazó.
Algunos legisladores de su propia bancada se pronunciaron incluso “recomendándole” separarse temporalmente del cargo mientras se realizaban las investigaciones. Inzunza no aceptó solicitar licencia, aunque anunció su salida de la bancada de Morena para desempeñarse como senador independiente. Lo hizo, sin embargo, durante una conferencia acompañado por múltiples legisladores morenistas.
De esta forma, aunque formalmente se declaró independiente, parece conservar cierto respaldo del partido, al menos por el momento.
Por si esto no fuera suficiente para una sola semana, también se informó sobre la detención, por parte de la Fiscalía General de la República, del contralmirante en retiro Fernando Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina durante el sexenio anterior, Rafael Ojeda Durán.
Conviene recordar que durante aquella administración se otorgó a la Secretaría de Marina el control de puertos y aduanas bajo el argumento de una presunta superioridad moral que permitiría tener mayor control sobre estos nodos estratégicos para la entrada y salida de mercancías ilegales.
Estos tres casos continúan erosionando la imagen del partido. Sin embargo, en una paradoja propia del sistema político presidencial mexicano, la presidenta mantiene una aprobación cercana al 68%. Un dato revelador es que algunas encuestas señalan que 55% de los entrevistados desconocía la cancelación de la visa del hijo del expresidente. Puede inferirse que, si además no son habitantes de Sinaloa, una proporción importante tampoco tiene conocimiento detallado de estos casos.
Esto muestra que el alcance mediático de los señalamientos todavía no ha sido suficiente para llegar a la mayoría de la población.
Sin embargo, probablemente cambiará conforme se acerquen los periodos de campaña, cuando los distintos candidatos buscarán provocar sus propios pequeños sismos políticos. Si alguno encuentra una falla ya expuesta, estos movimientos podrían desembocar en otro terremoto político, aunque esta vez con efectos que no necesariamente se limitarían a un solo estado.