“El asesinato de Carlos Manzo y los límites de la estrategia de seguridad” – Columna de Opinión de Asuntos Públicos
Aldo Arroyo Pellón, ejecutivo de Asuntos Públicos en Cuadrante.
La violencia política no da tregua. El asesinato del alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre, mientras asistía a un evento conmemorativo del Día de Muertos, evidenció nuevamente las falencias de la estrategia de seguridad federal y desató críticas directas hacia la presidenta Claudia Sheinbaum por su respuesta a los acontecimientos.
Manzo era exmilitante de Morena, partido con el que fungió como diputado federal, hasta que tras rupturas con la cúpula estatal decidió lanzarse como candidato independiente. Ganó y asumió el cargo el 1 de septiembre de 2024. Su plataforma política, enarbolada en el llamado “Movimiento Sombrero”, exigía una intervención directa de fuerzas federales en la región para combatir al crimen organizado.
Este parece ser el factor principal detrás de su asesinato. En Michoacán los antiguos grupos de autodefensa —brevemente reconocidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2014— dieron origen a organizaciones como “Los Viagras”, que desde entonces disputan con el Cártel Jalisco Nueva Generación el control de actividades criminales, especialmente la producción y comercio del limón y el aguacate.
De acuerdo con inteligencia del propio gobierno federal, el actual gobernador morenista, Alfredo Ramírez Bedolla, mantiene vínculos con “Los Viagras”, ya que tres de sus familiares serían miembros de la organización, la cual fue señalada en 2021 por operar a su favor durante la campaña estatal.
Este contexto es relevante, pues Carlos Manzo —apodado “el Nayib Bukele mexicano”— proponía una acción decisiva de las fuerzas federales en la entidad, con amplio respaldo popular, ganando por 20 puntos de diferencia frente al candidato de Morena, Alfonso Martínez, quien contó con el apoyo del aparato estatal.
Este caso abre una paradoja difícil de aceptar para los gobiernos autodenominados progresistas. Aunque el discurso de respeto a los derechos humanos es popular en zonas relativamente seguras, en las regiones más golpeadas por la violencia la población suele estar dispuesta a ceder ciertas libertades a cambio de paz y seguridad.
Carlos Manzo encarnaba ese sentir: el de millones de mexicanos que viven atrapados entre grupos criminales y la ausencia del Estado. Su asesinato se ha interpretado como una muestra del fracaso de la estrategia de seguridad federal. Si bien han disminuido los crímenes de alto impacto y se registran decomisos históricos de drogas, e incluso la percepción de seguridad aumentó de 58.6% a 63% entre 2024 y 2025, la imagen de un alcalde que buscó apoyo del gobierno federal solo para ser asesinado frente a su familia se convierte en un símbolo de un problema más profundo.
La estrategia de seguridad en México ha fracasado, sin importar qué partido esté en el poder o si se opta por una confrontación abierta, como en el sexenio de Felipe Calderón, o por una estrategia de inteligencia, como la de Claudia Sheinbaum. Los nexos entre el poder político y el crimen parecen estar tan arraigados y extendidos en todos los colores del espectro político que cualquier estrategia corre el riesgo de quedar neutralizada desde dentro.
Para Sheinbaum, este fue un llamado de atención importante. El cambio de tono entre las conferencias matutinas del 3 y 4 de noviembre lo reflejó claramente, pasando de culpar a administraciones pasadas a mostrar empatía tras las fuertes reacciones en medios y los anuncios de movilizaciones en Michoacán.
El gobierno deberá respaldar a la viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, quien, en un acto de valentía, asumió la alcaldía apenas unos días después del asesinato de su esposo. Un segundo atentado contra la alcaldesa tendría un alto costo político para Morena en las elecciones de 2027 y sería otro golpe mediático para el gobierno federal. Por eso, este caso marca un punto de inflexión: ¿podrá el gobierno adaptar su estrategia de seguridad a las realidades locales? En regiones donde la población no puede salir de sus casas sin miedo a una ráfaga de balas ni sembrar sus productos sin temor a una extorsión, la respuesta estatal debe ser distinta a la que se aplica en las urbes relativamente en paz.
Aunque no es previsible que algo cambie pronto, el caso confirma una vez más los vínculos de Morena con grupos del crimen organizado. Si bien este es un problema transversal en la política mexicana, resulta especialmente grave para un partido que ha hecho del discurso de honestidad su bandera. En un país donde la política y el crimen se confunden en demasiados territorios, cada asesinato de un funcionario electo no es solo una tragedia, sino una herida abierta en la credibilidad del Estado mexicano.