Radar Cuadrante

Aldo Arroyo Pellón, Ejecutivo de Asuntos Públicos

03 de febrero de 2026

El segundo tabasqueño más prominente de la política nacional en los últimos años, el senador Adán Augusto López, anunció su salida de la coordinación de la bancada de Morena en la Cámara Alta para integrarse a la estructura electoral del partido rumbo a las elecciones intermedias federales de 2027.

El anuncio coincidió con el inicio del periodo de sesiones en los congresos y había sido anticipado por diversos analistas, debido a los escándalos que rodeaban al legislador y que incluso derivaron en cuestionamientos directos a la presidenta Claudia Sheinbaum durante sus conferencias matutinas. Adán Augusto mantiene una relación cercana con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con quien colaboró como secretario de Gobernación y cuyo respaldo resultó clave para asumir la coordinación parlamentaria.

Entre las controversias más relevantes destaca su gestión como gobernador de Tabasco, particularmente el vínculo de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, con la organización criminal “La Barredora”, señalada por su alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación para el control de municipios estratégicos. Posteriormente, durante su etapa en la Secretaría de Gobernación, incluyó al actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en referencias vinculadas al caso Ayotzinapa. Aunque el señalamiento aludía a una función temporal, fue interpretado en su momento como un movimiento político previo a los reacomodos rumbo a la presidencia de Claudia Sheinbaum.

Adán Augusto operó como un actor político de alcance limitado. A pesar de impulsar reformas prioritarias para la presidenta, estas avanzaron mediante negociaciones desgastadas y acuerdos incómodos, como ocurrió con la reforma judicial. La coordinación de la bancada quedará en manos del senador Ignacio Mier, también originario de Tabasco.

La salida del senador admite varias interpretaciones. Resulta evidente la fricción entre su grupo político y el entorno presidencial; sin embargo, el reacomodo partidista preserva su peso interno. Esta lógica ha sido constante en Morena: perfiles envueltos en controversias suelen canalizarse hacia espacios diplomáticos o posiciones con menor exposición. Aunque esta práctica afecta la percepción pública de la integridad partidista, ha fortalecido la cohesión interna de una organización que aún transita de movimiento a partido político, sin definir si adoptará un modelo “atrapa todo” o una izquierda moderada.

Este ajuste interno recibió menor atención mediática debido a la operación para la detención del exatleta olímpico Ryan Wedding en la Ciudad de México por agentes del FBI. En un inicio se habló de una entrega voluntaria; reportes posteriores precisaron que autoridades estadounidenses ejercieron presión directa. Wedding enfrenta 17 cargos graves en Estados Unidos. El caso adquirió mayor visibilidad tras la difusión, por parte de la presidenta Sheinbaum, de una imagen generada con inteligencia artificial como prueba del acto voluntario, aclarada después por el medio canadiense CBS.

A este episodio se sumaron declaraciones del director del FBI, quien atribuyó la ejecución casi total del operativo a autoridades estadounidenses, evidenciando la distancia entre el discurso de soberanía del Ejecutivo y la práctica operativa en territorio nacional. De manera paralela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el anuncio del gobierno mexicano sobre el cese de la venta de petróleo a Cuba a precios preferenciales respondió a una indicación política de Washington.

La relación entre México y Cuba ha sido histórica, aunque predominantemente retórica, con apoyos económicos limitados que varían según la presión estadounidense y las necesidades internas de los gobiernos mexicanos. Este respaldo suele activarse para proyectar una imagen nacionalista, sin traducirse en acciones económicas de mayor alcance. El contexto actual adquiere relevancia adicional debido al cuestionamiento incluso de la ayuda mínima, bajo la llamada “Doctrina Donreu”, orientada a consolidar a Estados Unidos como potencia rectora de los intereses políticos del continente.

Ante el incremento de la presión estadounidense, la cohesión interna del partido será determinante para conservar las mayorías legislativas en 2027. El discurso nacionalista que ha conectado con sus bases enfrentará una evaluación constante, exhibiendo las limitaciones diplomáticas derivadas de la profunda integración económica con Estados Unidos, una relación que se mantiene favorable en términos generales, especialmente frente a otros gobiernos de izquierda en América Latina.

Este escenario perfila una prueba central en 2026 para la presidenta, su partido y la oposición, que podría encontrar en estas tensiones discursivas una vía eficaz de desgaste político rumbo a 2027.