Radar Cuadrante

Esta semana la conversación pública y mediática giró alrededor del ataque contra Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán, y críticas a la respuesta tardía y confusa del gobierno federal. El episodio marcó un momento poco común: la presidenta dejó de controlar la conversación nacional que heredó del sexenio anterior a través de las conferencias matutinas, un espacio que tradicionalmente permite marcar la agenda pública.

Tras una primera reacción poco empática, en la que responsabilizó a figuras del pasado como Felipe Calderón, las redes sociales y las movilizaciones en Uruapan la llevaron a ajustar su mensaje hacia uno más cercano a las comunidades afectadas por el crimen organizado. Después, en una respuesta precipitada, se presentó el Plan Michoacán en Palacio Nacional sin la presencia de Grecia Quiroz, viuda de Manzo y alcaldesa de Uruapan, lo que generó críticas de colectivos y grupos sociales del estado que señalaron que sus propuestas quedaron fuera.

Lejos de reducir la presión mediática, estos hechos la intensificaron: más de 25 columnas políticas en medios nacionales abordaron el tema con una lectura prácticamente unánime de que Michoacán refleja el fracaso del Estado mexicano, independientemente del partido en turno, para enfrentar la inseguridad. El plan recibió cuestionamientos por reproducir esquemas tradicionales de administraciones anteriores. Aunque la oferta de política pública disponible es similar para cada gobierno, líderes como la analista Viridiana Ríos y Leo Zuckerman de Foro TV y El Universal, plantearon alternativas como la reducción administrativa de municipios o incluso la desaparición de poderes.

Este clima mantiene alta tensión política y explica el interés del gobierno en adelantar la consulta de revocación de mandato a 2027. La apuesta busca aprovechar la popularidad presidencial y evitar retrocesos en entidades clave como Michoacán, donde se anticipa un voto de castigo hacia Morena. PAN y PRI no muestran condiciones para capitalizar ese ánimo, aunque una figura independiente con amplia visibilidad —como Grecia Quiroz— sí podría hacerlo.

A esta dinámica se sumaron anuncios fiscales de gran peso. La Unidad de Inteligencia Financiera reveló acciones contra el lavado de dinero en casinos, entre ellos dos establecimientos vinculados a Ricardo Salinas Pliego, uno de los críticos más relevantes del gobierno. El empresario respondió desde sus plataformas para presentar el caso como persecución política. En paralelo, la Suprema Corte resolvió que debe cubrir alrededor de 50 mil millones de pesos en adeudos fiscales acumulados durante más de una década. La decisión confirma que la actual Corte avanza en sintonía con las prioridades federales y representa un revés para uno de los adversarios más vocales del Ejecutivo.

Esta cadena de eventos se enlazó con la Marcha de la Generación Z, cuya primera movilización ocurrió hace un par de semanas, impulsada por colectivos juveniles que exigen una jornada laboral de 40 horas. Luego surgió una nueva convocatoria que fue impulsada en su mayoría por grupos empresariales y políticos opositores al gobierno, con cuentas de redes sociales que hicieron uso de “bots”. Esto culminó en la movilización del sábado 16 de noviembre, con una asistencia distinta según la fuente: el gobierno capitalino reportó 17 mil personas, mientras que los organizadores afirmaron haber registrado 50 mil.

Destaca el impacto mediático de esta movilización, que tuvo cobertura internacional de cadenas como Sky News y BBC, además de réplicas en varias ciudades, aunque con poca afluencia de alrededor de 200 personas y, en algunos casos, solo 50. Sin embargo, esta movilización, que surgió en respuesta al homicidio de Carlos Manzo, parece ser el primer punto de inflexión donde la oposición rompe el ciclo mediático impuesto desde la mañanera. Falta ver cómo estos grupos opositores logran alinear sus demandas políticas con las demandas juveniles del movimiento de la llamada “Generación Z”.