Radar Cuadrante

La coalición gobernante parece haber limado asperezas internas tras la negativa de legisladores, la semana pasada, para aprobar la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aun después de múltiples negociaciones en Palacio Nacional y de acotar sus postulados iniciales, la iniciativa no alcanzó el consenso necesario. Esto marcó la primera derrota política de la presidenta y evidenció límites de Morena para sostener, por sí sola, un impulso reformista amplio, lo que deja el discurso de cambio de la Cuarta Transformación en una posición más vulnerable.

La presidenta ya había anticipado este escenario de derrota y anunció un “Plan B” orientado a reducir costos en la administración pública, con énfasis en el nivel municipal, mediante ajustes en fiscalización electoral y convenios con instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera. De forma coincidente, esta semana se registró un cambio en la dirección de la UIF con la llegada de Aureliano Hernández Palacios, hijo de Fernando Hernández Palacios, exsecretario particular de la presidenta, lo que sugiere intención de control político sobre la implementación del plan secundario.

La propuesta también plantea limitar el número de regidurías a un máximo de 15 por municipio, fijar un tope presupuestal a congresos locales, imponer límites salariales a funcionarios electorales y eliminar bonos. En el ámbito federal, se acordó una reducción de 15% al presupuesto anual del Senado, con aplicación progresiva. De acuerdo con el Ejecutivo, estas medidas implicarían un ahorro de $5 mil millones de pesos anuales, que se destinaría a programas sociales.

El “Plan B” ya cuenta con respaldo público de las dirigencias de la coalición gobernante, por lo que su aprobación luce altamente probable. Aun así, vuelve a mostrar límites prácticos y políticos de la Cuarta Transformación: uno de sus postulados centrales era modificar el esquema de representación legislativa, con los plurinominales como punto focal de crítica ciudadana. Ante la resistencia de las cúpulas partidistas —incluidas las de la propia alianza— para perder espacios de negociación, el Ejecutivo reorientó el énfasis hacia gobiernos locales y el Instituto Nacional Electoral, con recortes que, en términos presupuestales, no representan un ahorro mayor.

Además, no se plantea reinvertir estos ahorros en proyectos productivos, sino en la continuidad de programas sociales, cuyo crecimiento ya genera presión fiscal. La expansión de transferencias, junto con programas nuevos como la pensión para mujeres y la beca Rita Cetina, ha incrementado el gasto y ha provocado críticas: el ahorro existe, pero su utilidad fiscal se diluye porque la presión sobre las finanzas públicas proviene del propio aumento del gasto social y bajo crecimiento económico.

A esto se suma el riesgo de una recesión global si el conflicto en Medio Oriente se prolonga. Esta semana se reportó un cierre casi total del estrecho de Ormuz, con tránsito restringido, lo que llevó el precio del petróleo a rozar los $140 dólares por barril en un punto. Posteriormente se estabilizó tras el anuncio de miembros de la Agencia Internacional de Energía de liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas, lo que lo llevó a alrededor de $97 dólares por barril, aún muy por encima del promedio cercano a $70 dólares previo al inicio de la guerra.

La presión inflacionaria derivada del cierre del estrecho llevó a la Casa Blanca a pedir a aliados el envío de activos navales para una misión conjunta que busque liberar el paso de buques petroleros. Sin embargo, ningún país líder aceptó el llamado: el canciller alemán Friedrich Merz afirmó que la guerra no corresponde a la OTAN, y hubo posturas similares desde Italia, Reino Unido y España. Japón y Corea del Sur también declinaron participar; en el caso surcoreano, el impacto es directo, ya que Estados Unidos reubicó activos militares en la región ante la pérdida de sistemas antiaéreos en el Golfo Pérsico.

El conflicto no muestra un cierre próximo, en parte por la falta de claridad sobre qué condiciones constituirían una “victoria” para Estados Unidos e Israel. Reportes apuntan a que el plan inicial buscaba replicar un esquema similar al ensayado en Venezuela, con la instalación de un liderazgo afín. Irán, sin embargo, es distinto: su aparato estatal suma más de cuatro décadas de institucionalización y opera con un entramado transversal. Incluso con un nuevo ayatolá, un cambio de régimen requeriría degradar capacidades militares de forma extensa, lo que soló es posible con una invasión terrestre. Por geografía e historia militar, ese escenario implicaría altos costos humanos y políticos, un precio que Donald Trump difícilmente absorbería.

En este contexto, los ajustes políticos en México enfrentarán límites e incentivos cada vez más influidos por el entorno externo. Un repunte inflacionario sostenido podría empujar al gobierno a flexibilizar medidas de control económico en distintos sectores y a realizar ajustes presupuestales. Esto mantendría a los programas sociales como activo político central, pero también como un factor de presión estructural sobre las finanzas públicas.