Radar Cuadrante

La Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Pentágono, la Administración de Control de Drogas (DEA) y Donald Trump colocaron, en menos de una semana, la seguridad en México y los presuntos vínculos entre funcionarios públicos y crimen organizado en el centro de la agenda bilateral.

La ofensiva diplomática ocurrió tras los reportajes de CNN y The New York Times sobre una presunta coordinación entre autoridades mexicanas y la CIA para abatir a Francisco Beltrán, “El Payín”, quien murió el 28 de marzo tras la explosión de un vehículo en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). CNN matizó después su versión al señalar que la cooperación habría sido de inteligencia, sin presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó esos señalamientos como parte de una estrategia de desprestigio de la “derecha internacional”. Sin embargo, las declaraciones del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, añadieron presión al anticipar más acciones contra organizaciones criminales mexicanas. Por la vía legal, el jefe de la DEA, Terry Cole, afirmó ante el Senado que el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “es solo el comienzo” de nuevas acusaciones contra políticos mexicanos. Analistas ubican a Morena como el principal foco de las investigaciones.

El impacto político ya se observa en Sinaloa, con la entrega voluntaria de dos exfuncionarios del gobierno de Rocha Moya: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas. Mérida Sánchez, general de División del Ejército en retiro, concentra especial atención por su posible acceso a información delicada, que podría formar parte de una negociación con autoridades estadounidenses.

Sheinbaum ha buscado encuadrar el tema desde la defensa de la soberanía. El riesgo político está en que una cadena de procesos abiertos desde Estados Unidos contra funcionarios mexicanos alimente una percepción de ingobernabilidad e injerencia. Si los señalamientos escalan hacia miembros del gabinete federal, el golpe alcanzaría directamente a la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy; a la Secretaría de Seguridad, a cargo de Omar García Harfuch; y al nuevo entramado judicial impulsado por la presidenta.

El dilema para Morena es profundo: procesar a funcionarios acusados podría abrir rupturas internas aprovechables por la oposición; evadir esos procesos deterioraría la credibilidad de la estrategia de seguridad. El tema toca una prioridad electoral central: seguridad y economía se mantienen como las principales preocupaciones de los mexicanos al elegir gobernantes.

En economía, el gobierno ha sorteado un entorno internacional adverso, marcado por guerras, presión sobre cadenas de suministro y un nuevo ciclo proteccionista impulsado desde Estados Unidos. Aunque hay resultados favorables en turismo, exportaciones e inversión extranjera directa, persisten el bajo dinamismo interno y la lentitud en la llegada de nuevas inversiones. La política social, el aumento al salario mínimo y las pensiones han contenido parte del malestar, pero la seguridad empieza a abrir grietas regionales de hartazgo.

El caso de Carlos Manzo, exalcalde independiente de Uruapan, Michoacán, mostró cómo la violencia puede articular movimientos políticos locales fuera de los partidos tradicionales. Más recientemente, en Chilapa, Guerrero, cientos de familias abandonaron sus hogares por la violencia de “Los Ardillos”, lo que derivó en peticiones de ayuda al gobierno de Estados Unidos y en una amplia movilización militar y estatal para recuperar el control de la zona.

Aunque las cifras oficiales reportan una reducción de 40% en homicidios dolosos, los vacíos de autoridad persisten en varios estados. El vínculo entre política y crimen organizado opera como una verdad asumida por amplios sectores ciudadanos, pero su presencia constante en medios eleva el costo político para el gobierno y obliga a respuestas más visibles.

También pesa la motivación interna de Estados Unidos. Washington anuncia mano dura contra organizaciones criminales en América Latina, mientras mantiene limitadas las acciones contra redes financieras, logísticas y de distribución dentro de su propio territorio. Una ofensiva real contra lavado de dinero, tráfico de armas y estructuras internas de distribución tocaría intereses económicos y políticos de alto nivel.

Por ello, distintos analistas interpretan las declaraciones de agencias estadounidenses como parte de una estrategia para fortalecer la percepción pública de la Casa Blanca rumbo a las elecciones de noviembre. Cualquiera que sea la motivación de fondo, los efectos en México ya son visibles. Si Washington escala las acusaciones, Morena podría enfrentar un cisma interno. La incógnita es si la oposición logrará capitalizarlo, después de varios episodios en los que ha quedado fuera del debate central del poder.