Radar Cuadrante

La propuesta electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum parece enfrentar un proceso más complejo del que les gustaría a los autores de la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez, quien entregó el primer borrador de la reforma tras haberla discutido con legisladores de Morena liderados por Ricardo Monreal, que declaró que no se presentaría en el Pleno a menos que hubiera consenso al interior de la alianza gobernante con el Partido del Trabajo y el Partido Verde.

Los temas de mayor fricción política dentro de la propuesta del Ejecutivo son la reducción de recursos a los partidos políticos y la disminución de cargos plurinominales. Aunque debe decirse que el borrador presentado no fue la única propuesta recibida por Palacio Nacional, ya que legisladores de oposición también enviaron su iniciativa y el INE entregó un documento que, aunque no concuerda en los principales puntos con la propuesta presidencial, ha sido señalado por analistas como una aportación interesante en torno a la vigilancia del uso de los recursos ya asignados a los partidos.

Este primer borrador estará sujeto a discusiones legislativas, donde lo más interesante para el análisis político será la lucha interna dentro de la alianza gobernante. La presidenta ha demostrado tener la capacidad política y el pragmatismo para respaldarse en operadores políticos como Adán Augusto López para aprobar el nombramiento de la fiscal Ernestina Godoy; ahora tendrá que apoyarse en Ricardo Monreal para alinear los intereses de los diputados de la coalición, lo que sin duda dará pie a conversaciones sobre el nivel de dependencia de Palacio Nacional respecto de estas figuras.

Mientras todo esto ocurre, Estados Unidos propone una colaboración más estrecha en materia de seguridad que, de acuerdo con reportajes periodísticos, se traduciría en la presencia de personal de la CIA en centros de mando y en la coordinación de operaciones con personal militar estadounidense, realizando acciones conjuntas con el Ejército mexicano en territorio nacional.

En el pasado ha habido presencia de agentes de la DEA y de la CIA en el país, pero ceder a la entrada de militares para operaciones activas de una manera tan pública se vería como un signo de debilidad política de la presidencia. Sin embargo, analistas han señalado que la estrategia de seguridad estadounidense podría llevar a acciones militares sin coordinación con Palacio Nacional, lo que sería aún peor en términos ópticos, por lo que quizá ceder en materia de coordinación sería una mejor opción en el largo plazo.

Ninguna de las alternativas será fácilmente vendida a los votantes de la alianza gobernante y, con elecciones intermedias en noviembre, además de una renegociación del Tratado de Libre Comercio, el país podría enfrentar un estrés político y económico significativo. A ello se suman los datos negativos publicados recientemente por el Banco Mundial y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sobre la reducción en proyecciones de crecimiento económico y los bajos niveles de inversión pública y privada.

Quedará por verse si la presidencia logra mantener el control de las distintas narrativas y, más importante aún, la cohesión dentro de su coalición.