Radar Cuadrante

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó un punto de inflexión tras el anuncio de un bloqueo naval a la nación sudamericana por parte de la armada estadounidense, que actualmente despliega el portaviones USS Gerald R. Ford, acompañado de fragatas, destructores y apoyo aéreo desde bases de países aliados en la región.

Esta acción se enmarca en una nueva Estrategia de Seguridad de la Casa Blanca que, de acuerdo con analistas, marca un retorno a la doctrina Monroe de “América para los americanos”, incrementando la presión política sobre los países del continente, que deberán posicionarse públicamente frente a la disputa. Este principio se ha puesto a prueba con México y Brasil, que han ofrecido fungir como sedes de posibles negociaciones, mientras que países como República Dominicana y Guyana han manifestado su respaldo a Estados Unidos prestando sus territorios para preparaciones militares.

El conflicto presenta riesgos de escalamiento, particularmente tras la incautación reciente de buques iraníes y chinos, además de ejercer presión política y económica sobre el gobierno de Nicolás Maduro, poniendo a prueba su control institucional y capacidad de gobernabilidad.

No obstante, la coyuntura regional no ha sido el principal foco de atención en Estados Unidos, donde la conversación pública se ha concentrado en la liberación de cientos de documentos desclasificados relacionados con las investigaciones sobre Jeffrey Epstein y sus presuntos vínculos con figuras del espectáculo, la realeza y la élite política occidental. Entre los archivos figuran imágenes del expresidente Bill Clinton y del actual presidente Donald Trump con Epstein, sin que estas constituyan evidencia de conductas delictivas.

Diversas organizaciones y periodistas han criticado el alto nivel de redacción en los documentos, con extensos pasajes y nombres ocultos bajo el argumento de protección a víctimas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y legitimidad del proceso. Aunque el presidente Trump modificó su postura inicial —tras resistirse a la publicación y posteriormente respaldarla ante la presión de su base política—, el proceso desaseado de la información divulgada hace poco probable que la inconformidad disminuya.

En México, la agenda pública estuvo dominada por iniciativas legislativas en la Ciudad de México y San Luis Potosí.

En la capital del país se propuso la llamada “Ley de Transparencia”, que plantea la eliminación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (InfoCDMX). La iniciativa provocó críticas de legisladores del PAN, quienes tomaron la tribuna del Congreso local al acusar a Morena de ignorar acuerdos previos, lo que derivó en una confrontación física que dejó a la diputada panista Claudia Pérez con lesiones leves. Analistas advierten que la medida podría afectar el acceso ciudadano a la información, mientras que sus defensores sostienen que el modelo institucional anterior no garantizaba transparencia efectiva.

Este episodio se suma a otros casos recientes de polarización y confrontación en los Congresos, incluidos incidentes similares en el Senado, lo que refleja un debilitamiento institucional y las limitaciones de acción política de la oposición. A su vez, Morena ha sido señalada por avanzar iniciativas sin incorporar cambios sustantivos propuestos por otras bancadas.

En San Luis Potosí, la denominada “Ley Esposa” también generó controversia, al grado de llegar a la conferencia matutina de la presidenta. La iniciativa, impulsada por legisladores del Partido Verde, propone que en la elección de 2027 solo puedan postularse mujeres a la gubernatura, bajo el argumento de que el estado nunca ha sido gobernado por una mujer. Sus críticos, entre ellos Morena, señalan que la propuesta podría propiciar nepotismo político, al facilitar la postulación de figuras cercanas a exgobernadores.

La presidenta indicó que la reforma presenta implicaciones constitucionales que deben revisarse a profundidad, mientras que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunció la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN. Este proceso podría profundizar una fractura local entre Morena y el PVEM, y abrir un nuevo debate sobre el papel de la Suprema Corte, que podría fungir como árbitro político en un contexto de cuestionamientos sobre su independencia.