Radar Cuadrante

El líder criminal más buscado del continente, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido por integrantes de fuerzas especiales del Ejército mexicano la mañana del domingo 22 de febrero, lo que detonó una respuesta violenta de organizaciones criminales en 20 estados del país. Se trata, sin duda, del mayor golpe al crimen organizado en lo que ha transcurrido del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La operación se realizó en el municipio de Tapalpa, Jalisco, y contó con colaboración de Estados Unidos que, de acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca, proporcionó inteligencia vital para llevar a cabo la acción. En el operativo fueron abatidos ocho integrantes de la guardia personal de “El Mencho” y otros tres resultaron gravemente heridos, entre ellos el líder criminal, quien falleció durante el traslado a la Ciudad de México vía helicóptero. En la operación también murieron tres elementos del Ejército mexicano.

Tras difundirse en redes sociales la noticia del operativo —y antes de anuncios formales de autoridades federales—, integrantes del CJNG y de organizaciones aliadas realizaron bloqueos, quema de negocios y ataques contra elementos de la Guardia Nacional. Se reportó un saldo de 252 bloqueos y 25 militares fallecidos. También se informó que, durante los bloqueos, se desplegó un segundo operativo para capturar a Hugo H., alias “El Tuli”, identificado como coordinador de las agresiones en Jalisco, quien habría ofrecido 20 mil pesos por cada militar asesinado.

La noticia tuvo amplia cobertura internacional. Se presentó como una acción contundente contra el crimen organizado, aunque también se cuestionó la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de la población y de los visitantes previstos por la Copa del Mundo, con Guadalajara como una de las sedes.

El impacto real de la acción es difícil de anticipar. En términos criminales, experiencias previas muestran que decapitar una organización no garantiza su desaparición: puede derivar en relevo de liderazgo o fragmentación en grupos, escenarios que suelen traer un periodo de violencia durante el reacomodo.

En términos políticos, el operativo favorece a la presidenta, al permitirle sostener la narrativa de un viraje en la estrategia federal de seguridad y dejar atrás el enfoque de “abrazos, no balazos”, que afectó la aprobación del expresidente en esta materia. También envía a Estados Unidos una señal de mayor intensidad en el combate al tráfico de drogas, en un contexto de presión creciente desde la Casa Blanca por resultados, sin indicios equivalentes de actuación frente al tráfico de armas desde aquel país.

La presidenta informó en su conferencia matutina la planeación y los resultados del operativo. Afirmó que existía gobernabilidad y que se había regresado a la normalidad, aunque se mantenían canceladas las clases en tres estados y Jalisco continuaba en estado de alerta, con Guadalajara en Código Rojo, lo que en términos prácticos equivale a un toque de queda para la población.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos mencionó en redes sociales que México debía hacer aún más contra las organizaciones criminales, aunque otras dependencias de ese gobierno reconocieron la acción y agradecieron la coordinación.

El fallecimiento de un líder criminal de esta magnitud marca un parteaguas en la estrategia de seguridad federal. Aún está por verse si se consolidará un viraje sostenido hacia acciones directas contra liderazgos criminales. Más relevante será evitar el patrón observado en ocasiones previas: capturar o abatir a un líder y que emerja una estructura aún más violenta. Los operativos y detenciones de los próximos meses permitirán evaluar si la acción respondió a una estrategia de largo plazo o si obedeció a presiones internas y externas.