Radar Cuadrante
Aldo Arroyo Pellón, Consultor de Asuntos Públicos
27 de octubre de 2026
“Entre fiscalías y urnas: el tablero de 2027”
Esta semana, el gobierno de Chihuahua enfrentó una nueva crisis política tras la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exfiscal estatal César Jáuregui Moreno por presunta traición a la patria. El exfuncionario fue señalado por haber permitido la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo contra un laboratorio de narcóticos en la Sierra Tarahumara, realizado sin autorización federal.
Durante el regreso del operativo, dos agentes estadounidenses y dos funcionarios estatales fallecieron en un accidente automovilístico.
El caso provocó críticas desde Palacio Nacional y entre legisladores de Morena, quienes cuestionaron la participación de agentes extranjeros y solicitaron investigar la posible responsabilidad de la gobernadora Maru Campos. Sin embargo, los señalamientos iniciales también permitieron al Partido Acción Nacional (PAN) articular un respaldo político que reunió a distintas corrientes del partido. El 30 de mayo, durante el mitin “Yo con Maru”, participaron el dirigente nacional Jorge Romero y los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, entre otras figuras del panismo.
Aunque la acusación federal contra Jáuregui todavía carece de una extensión formal hacia la gobernadora, legisladores locales han solicitado su comparecencia y algunos han planteado posibles acciones legales en su contra. Una eventual imputación contra Campos tendría implicaciones políticas que podrían fortalecer la narrativa de persecución promovida por sectores de la oposición. Por ahora, el caso amenaza con entorpecer su administración y profundizar las tensiones en un Congreso estatal dividido, donde Morena y el Partido del Trabajo suman 12 diputados, al igual que el PAN.
Desde una perspectiva electoral, el oficialismo podría encontrar una oportunidad para cuestionar la imagen del PAN en Chihuahua, particularmente entre votantes independientes e indecisos, de cara a las elecciones de 2027. Sin embargo, la capacidad de la oposición para presentar el caso como una persecución política también podría movilizar a su electorado.
Otro acontecimiento de alcance nacional que podría influir en los equilibrios políticos rumbo a 2027 fue la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), anunciada el 25 de octubre y formalizada al día siguiente. Su salida ocurrió tras señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas y conflictos de interés. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga operaciones relacionadas con contratos por aproximadamente $514 mdp adjudicados a empresas proveedoras del organismo electoral. Taddei cuestionó las acusaciones y sostuvo que su decisión buscaba preservar la estabilidad institucional, afirmando que “las personas cumplimos ciclos. Las instituciones permanecen”.
La renuncia interrumpió anticipadamente su mandato, previsto hasta abril de 2032, y abrió un nuevo proceso de designación en la Cámara de Diputados. El nombramiento requerirá una mayoría calificada y podría generar nuevas disputas entre las fuerzas políticas; aunque Morena y sus aliados cuentan con una posición dominante en el Congreso, el procedimiento obliga a alcanzar los acuerdos necesarios para evitar el proceso de tómbola. En vísperas de las elecciones intermedias de 2027, cuando se renovarán la Cámara de Diputados y múltiples gubernaturas, resulta inevitable considerar las posibles implicaciones políticas de un relevo en la presidencia del organismo encargado de organizar los comicios.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el INE se consolidó como uno de los principales contrapesos institucionales frente a las iniciativas presidenciales en materia electoral. La gestión de Lorenzo Córdova estuvo marcada por constantes confrontaciones con el Ejecutivo, lo que contribuyó a que sectores del oficialismo cuestionaran la neutralidad del organismo.
Tras concluir su mandato, Córdova participó en movilizaciones vinculadas con la defensa de las instituciones electorales, particularmente alrededor de la llamada “Marea Rosa”. Aunque este movimiento logró convocar a sectores opositores y ciudadanos inconformes, su capacidad de movilización social tuvo un alcance electoral limitado. Durante la presidencia de Taddei, el INE mantuvo un perfil de menor confrontación política, posiblemente como resultado del desgaste institucional acumulado y del cambio de liderazgos.
El futuro del INE dependerá tanto del perfil de su próxima presidencia como de la capacidad del organismo para preservar su autonomía y credibilidad. A lo largo de su historia, distintas fuerzas políticas han buscado influir en las instituciones electorales cuando las condiciones legislativas se lo permiten. En ese contexto, la eventual designación de una presidencia cercana al oficialismo podría interpretarse como parte de una dinámica recurrente de disputa por el control institucional. Sin embargo, también abriría nuevos cuestionamientos sobre la independencia del árbitro electoral, particularmente en un momento en que su legitimidad será fundamental para garantizar la confianza ciudadana en los resultados de 2027.