Fracking en México: Entre soberanía energética, agua y pragmatismo político
Aldo Arroyo Pellón, Ejecutivo de Asuntos Públicos
Un debate más político que técnico
El debate sobre el fracking en México nunca ha sido únicamente técnico. Aunque el fracturamiento hidráulico es, en términos estrictos, una técnica para extraer petróleo y gas atrapados en lutitas o rocas de baja permeabilidad mediante la inyección de agua, arena y aditivos a alta presión, su discusión pública ha estado atravesada por definiciones políticas, ambientales, sociales y económicas.
Durante más de una década, el tema ha funcionado como un termómetro de la política energética mexicana. La reforma energética de 2013, abrió la puerta a una mayor participación privada, nuevas tecnologías de exploración y la evaluación de yacimientos no convencionales. Sin embargo, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018, el fracking se convirtió en una frontera política y ambiental: una práctica rechazada desde la narrativa oficial, aunque sin una prohibición legal expresa.
Su contención operó principalmente por la vía administrativa, con la Comisión Nacional del Agua bajo una directriz de no otorgar concesiones para el uso de agua en proyectos asociados con esta técnica, un insumo crítico para su desarrollo.
Esa distinción es relevante, por que México no enfrenta hoy la discusión sobre si debe levantar una prohibición absoluta, sino sobre si el Estado está dispuesto a habilitar condiciones políticas, técnicas, ambientales y sociales para evaluar el aprovechamiento de gas natural en yacimientos de geología compleja. En otras palabras, el dilema ya no es únicamente jurídico o económico, sino político.
El giro pragmático de la nueva administración
La administración de Claudia Sheinbaum parece abrir espacio a una conversación más pragmática. El contexto ayuda a explicar el cambio: México atraviesa una transición energética que requiere un insumo capaz de atender la demanda eléctrica de una industria en expansión, mientras se integra mayor capacidad sustentable al Sistema Eléctrico Nacional.
Además, el gobierno federal ha planteado objetivos ambiciosos de crecimiento económico que requieren inversiones considerables. Sin embargo, varios de esos proyectos enfrentan cuellos de botella por disponibilidad energética e hídrica. En ese escenario, el gas natural vuelve al centro de la discusión como insumo para la generación eléctrica, el abastecimiento industrial y la competitividad regional.
El regreso del debate exige cuidado político. Morena y el movimiento encabezado por López Obrador construyeron, desde 2012, una narrativa crítica frente a la apertura energética y al fracking. Inclusó, la achora presidenta Claudia Sheinbaum participó en esa etapa con un discurso de defensa del petróleo, la soberanía energética y el control público de los recursos estratégicos.
Por ello, cualquier ajuste discursivo requiere una arquitectura narrativa precisa; ya que no puede presentarse como una renuncia a la agenda ambiental, sino como una actualización técnica frente a nuevas condiciones nacionales e internacionales y los avances tecnológicos.
El lenguaje como estrategia
El lenguaje importa. Hablar de “yacimientos no convencionales” o “geología compleja” permite desplazar el debate del terreno ideológico hacia una conversación basada en evidencia, riesgos, regulación, agua, emisiones, monitoreo y beneficios regionales.
Esa operación discursiva permite que el gobierno evalúe alternativas sin quedar atrapado en las etiquetas políticas del pasado. También abre una ruta para vincular el tema con seguridad energética, reducción de importaciones, desarrollo industrial y transición energética ordenada.
En este punto, la comunicación pública será determinante. El reto no consiste solo en explicar una tecnología, sino en construir confianza alrededor de las condiciones bajo las cuales podría evaluarse: dónde, con qué límites, bajo qué supervisión, con qué beneficios y con qué garantías ambientales.
Una tensión de fondo
Visto desde esta coyuntura, el fracking expresa una tensión central: México quiere crecer, atraer inversión, industrializar regiones, ampliar generación eléctrica y reducir su dependencia energética; al mismo tiempo, necesita cuidar agua, territorio, comunidades, emisiones y legitimidad ambiental.
Esa tensión no se resuelve con consignas, sino con política pública, evidencia y reglas claras. Por ello, la discusión debería dejar de plantearse como una disyuntiva absoluta entre fracking sí o fracking no. El punto de equilibrio está en una ruta gradual, con evaluación científica, proyectos piloto, consulta comunitaria, supervisión independiente, metas de reducción de emisiones, transparencia total y revisión periódica de resultados.
Bajo controles débiles, la explotación de yacimientos no convencionales puede generar costos ambientales, sociales y políticos difíciles de administrar. Bajo controles robustos, puede presentarse como una herramienta temporal para fortalecer el abasto nacional de gas, reducir dependencia externa, apoyar la industrialización y acompañar una transición energética ordenada.
El dilema de Sheinbaum
El regreso del debate sobre fracking en México no significa necesariamente el regreso de la política energética de 2013. Debe leerse más bien, como una señal de que el país enfrenta una realidad más compleja, donde la soberanía energética ya no se define solo por quién controla los recursos, sino por la capacidad del Estado para garantizar abasto, regular con rigor, proteger el ambiente, dialogar con comunidades y tomar decisiones basadas en evidencia.
Ese será el verdadero dilema para el gobierno de Claudia Sheinbaum: demostrar que una política energética pragmática puede convivir con una agenda ambiental creíble. El fracking, políticamente incómodo por la postura histórica del propio partido gobernante, pondrá a prueba esa promesa.