Radar Cuadrante

Los ánimos políticos rumbo a las elecciones de 2027 se intensifican cada vez más. La coalición oficialista impulsa una narrativa de defensa de la soberanía, mientras la oposición parece haber encontrado un eje de articulación política en la reciente crisis diplomática derivada del operativo en Chihuahua, en el que participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

La gobernadora Maru Campos ha aprovechado hábilmente la situación. Con concentraciones realizadas en semanas anteriores en Chihuahua, se ha posicionado como una de las caras más visibles de la oposición. Esta semana, su partido reforzó ese respaldo con un acto público que contó con la presencia de Jorge Romero Herrera, Ricardo Anaya y Marko Cortés.

El evento también destacó por la presencia conjunta de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes aparecieron juntos por primera vez en varios años. La imagen buscó proyectar unidad interna del PAN en torno a la gobernadora. El acto se realizó poco después de que Campos compareciera ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, en un episodio que desde el inicio fue leído más como un hecho político que como un proceso estrictamente legal.

Este nuevo impulso llega en un momento favorable para la oposición. La alianza gobernante enfrenta tensiones internas por la crisis generada tras las diez solicitudes de extradición contra funcionarios de Sinaloa por parte de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Este escenario derivó en la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya y en la entrega voluntaria del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, quien comparecerá hoy ante la misma corte.

Los detalles de las acusaciones aún no han sido revelados más allá de los cargos imputados. Esto ha permitido a Palacio Nacional acusar una presunta persecución por parte de la derecha estadounidense. Aunque el discurso soberanista y el llamado a la no injerencia han sido constantes en el discurso morenista desde 2018, en pocas ocasiones se ha señalado directamente a Estados Unidos como un agente injerencista.

En la memoria de este columnista, uno de los antecedentes más claros ocurrió cuando Andrés Manuel López Obrador acusó presuntos financiamientos a grupos de oposición en México por parte de organizaciones gubernamentales y civiles estadounidenses. Otro episodio fue la invitación al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, para pronunciar un discurso en el Zócalo durante la conmemoración del Día de la Independencia en 2021. Incluso en ese caso, se optó por cederle el micrófono al mandatario cubano para evitar que los señalamientos más duros fueran hechos directamente por el gobierno mexicano.

El discurso de este fin de semana de la presidenta Claudia Sheinbaum marca un viraje importante. Al celebrar los dos primeros años de su administración con un mitin político en el Monumento a la Revolución, centró su mensaje en un señalamiento directo a Estados Unidos, al acusarlo de intentar influir en las elecciones intermedias de 2027.

Aunque no mencionó a la administración del presidente Donald Trump, Sheinbaum señaló que grupos de “ultraderecha” estadounidenses podrían utilizar este tema como bandera política rumbo a las elecciones intermedias de noviembre. En ese proceso, los republicanos parecen llegar con desventaja, de acuerdo con múltiples encuestas que apuntan a una posible pérdida de ambas cámaras, lo que dificultaría la implementación de grandes proyectos y reformas de la Casa Blanca durante los siguientes dos años.

A este escenario político se suman las recientes degradaciones en la calificación financiera del país por parte de agencias como Moody’s Ratings. La calificadora ha señalado una carga fiscal elevada por programas sociales y una falta de infraestructura crítica, especialmente energética e hídrica, como factores de preocupación para la economía mexicana.

Esta lectura ha sido cuestionada por actores como Carlos Slim, quien anunció inversiones por 5 mil millones de dólares durante este año y expresó su desacuerdo con el análisis de Moody’s. Su posición resulta entendible, considerando sus inversiones en proyectos estratégicos del gobierno federal, como el plan de expansión ferroviaria y recientes adquisiciones de acciones en campos petroleros de altamar.

A ello se suman los intereses evidentes de sus empresas en el país, como Telmex y Sanborns. Sin embargo, esta postura no parece compartida en la práctica por el resto del empresariado nacional. Aunque la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó 23,591 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, la inversión privada nacional permanece estancada y sin grandes proyectos.

Políticamente, iniciativas como el Plan México han recibido respaldo de distintas cámaras empresariales. Sin embargo, ese acompañamiento aún no se ha traducido en obras o proyectos tangibles, al menos no en el volumen que el gobierno espera para alcanzar su meta de crecimiento y convertir a México en una de las diez principales economías del mundo al término del sexenio.