Radar Cuadrante

La situación de seguridad en México se ha convertido en un lastre político para Palacio Nacional, tanto por las presiones provenientes del vecino del norte como por la creciente cobertura mediática sobre funcionarios, organizaciones criminales y mandos del Ejército. Estos últimos quedaron esta semana en el centro del debate tras un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, que informó el cambio de 28 mandos territoriales y de organismos en nueve estados del país.

Algunos analistas, entre ellos Víctor Antonio Hernández, del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, calificaron los movimientos como rutinarios y descartaron que implicaran un viraje de estrategia o un fortalecimiento operativo. Sin embargo, destacan casos como el de Zacatecas, con el general Isaac Bravo López, señalado por medios locales por presuntos vínculos con organizaciones criminales, y el del general Horacio Flores Fonseca, en Puerto Vallarta, quien permaneció apenas dos meses en el cargo. En total, seis de los nueve estados con cambios enfrentan altos índices de violencia, por lo que el relevo abre una interrogante: si busca reforzar capacidades o reducir la exposición política y mediática de mandos ya señalados.

Aunque esta situación tiene una arista más administrativa en términos de impacto político, también exhibe las dificultades que enfrenta el gobierno federal para mantener un control territorial efectivo en zonas con altos niveles de violencia.

No obstante, durante las próximas semanas, el tema que ocupará a los asesores de Palacio Nacional y a la alianza partidista será la discusión de la propuesta de reforma constitucional enviada por la presidenta para ajustar el proceso de designación y el número de candidaturas que podrán participar en la próxima elección judicial, prevista para 2028. La iniciativa plantea un nuevo sistema de selección en el que la presidenta podrá proponer dos perfiles por cargo; el Congreso, mediante mayoría calificada en cada cámara, hará lo propio; y el Poder Judicial participará con el respaldo de seis de los nueve ministros de la Corte.

Este esquema ha recibido críticas porque, debido al control legislativo de la coalición oficialista y a la afinidad ideológica de varios integrantes de la Corte, podría derivar en nombramientos cercanos al oficialismo y abrir cuestionamientos sobre la autonomía judicial.

Además, se ha cuestionado la propuesta de empatar la elección judicial con la consulta de revocación de mandato en 2028. La medida ha sido interpretada como una estrategia política para aprovechar la alta popularidad de la presidenta, otorgar mayor control sobre posibles candidaturas y legitimar un proceso cuya primera edición contó con la participación de apenas 13% de la población elegible, lo que generó críticas sobre su solidez democrática.

La propuesta podría enfrentar resistencias en los congresos, aunque se estima que será aprobada con pocos cambios y en un periodo relativamente corto.

Esto resulta conveniente para la Presidencia, que deberá concentrar recursos políticos en la negociación con Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio, cuya fecha límite para alcanzar un acuerdo vence en julio. Aunque los representantes económicos de ambas naciones —Marcelo Ebrard por México y Jamieson Greer por Estados Unidos— han expresado disposición al diálogo constructivo, episodios como la última visita de Greer a Palacio Nacional, donde se le vio reprender públicamente a Ebrard, así como la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, generan dudas sobre la estabilidad y el nivel de tensión que podría acompañar la renegociación.

Esta última acción de la Casa Blanca, mediante la orden ejecutiva titulada “Restaurando la integridad al sistema financiero de EU”, plantea una vigilancia adicional obligatoria para las entidades bancarias, con el fin de revisar con mayor detalle el estatus migratorio de sus cuentahabientes. El decreto pone especial énfasis en el uso del Número de Identificación Personal del Contribuyente, que ahora será catalogado como un “indicador de riesgo” y podría derivar en el rechazo masivo de transacciones realizadas por personas sin documentos legales.

Esto llevó a algunos analistas a estimar una reducción de entre 10% y 20% en la captación de remesas, al menos mientras se crean canales alternos para evadir la medida. El tema adquiere relevancia porque en 2025 México recibió 61,791 millones de dólares por remesas, equivalentes a 3.37% del Producto Interno Bruto. Si se cumple el escenario de una caída de 20%, ese flujo bajaría a 49,432.8 millones de dólares y representaría cerca de 2.70% del PIB. Aunque la variación parece moderada en términos macroeconómicos, debe leerse junto con otros factores, como la inflación persistente y las recientes reducciones en la calificación crediticia del país y de empresas paraestatales.

La reducción más reciente provino de Moody’s Ratings, que recortó la nota soberana de México de Baa2 a Baa3, un nivel ubicado apenas un peldaño por encima del grado especulativo. La calificadora argumentó un deterioro en la fortaleza fiscal y la carga financiera que representa Pemex para el presupuesto público. El anuncio ocurrió una semana después de que Fitch Ratings y Standard & Poor’s aplicaran ajustes similares a la Comisión Federal de Electricidad, lo que alimentó especulaciones sobre la capacidad del gobierno para reestructurar financieramente a las empresas del Estado. Ese ha sido uno de los objetivos de Claudia Sheinbaum al incorporar perfiles especializados en manejo económico, como la secretaria Luz Elena González, y al nombrar recientemente a Juan Carlos Carpio Fragoso al frente de Pemex.

Todavía queda por verse si el gobierno podrá ordenar las finanzas públicas de las paraestatales en un entorno marcado por la incertidumbre internacional, los conflictos bélicos, el bajo crecimiento del consumo interno y una inflación que afecta cada vez a más sectores productivos.