Radar Cuadrante
Aldo Arroyo Pellón, Ejecutivo de Asuntos Públicos
04 de agosto de 2026
“La batalla por controlar el relato”
La libertad de expresión fue el centro del debate político durante los últimos días en México, tras los señalamientos de organizaciones civiles y periodistas contra los nuevos lineamientos de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por el Ejecutivo Federal. Aunque las nuevas reglas aún no han sido publicadas, las alarmas se encendieron por la falta de claridad sobre sus posibles implicaciones.
El Gobierno ha explicado que los lineamientos buscarán clasificar los contenidos mediáticos para especificar si se trata de opinión, publicidad, propaganda o noticias. El problema es que clasificar algo como información falsa, en un mundo digital donde se busca ser el primero en publicar una noticia y, más importante aún, reaccionar a ella, puede abrir un margen amplio de discrecionalidad.
El ecosistema mediático actual carece muchas veces de los filtros necesarios para realizar investigaciones a profundidad antes de publicar una nota. Asimismo, si es la propia autoridad la que determina qué es falso y qué es verdadero, se podría afectar la autonomía periodística. Además, en un país como México, donde se han presentado diversos casos de encubrimientos o escenarios manufacturados por autoridades, la medida podría dar al Estado un amplio margen de maniobra para gestionar el control informativo.
Las medidas se someterán a consultas públicas, con una redacción final todavía incierta. Sin embargo, debido a las reacciones iniciales frente a la propuesta, es previsible que el Gobierno busque una conciliación, ya sea diluyendo sus alcances iniciales o dejando espacio en el lenguaje legal para proteger a los medios en casos particulares.
Esta no fue la única disputa mediática durante la semana, ya que en materia legal y de seguridad también hubo nuevos acontecimientos. Primero, la saga en Baja California, con gobernadores y exgobernadores acusados o procesados, continuó su escalamiento tras la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel. El Grupo IDEA, asociación política de derecha integrada por figuras como Vicente Fox, Felipe Calderón, José María Aznar y Álvaro Uribe, se pronunció sobre el caso y lo calificó como una persecución política. Por su parte, el Gobierno federal informó que la Fiscalía General de la República presentó 96 datos de prueba contra Ruffo y que las investigaciones continuaban.
El momento en que se dio el arresto, en medio de la controversia por los audios de Marina del Pilar y la disputa interna con el exgobernador Jaime Bonilla Valdez, puso en tela de juicio las motivaciones políticas del caso contra Ruffo. Lo que queda claro es que la carrera electoral en la entidad será una de las más interesantes rumbo a 2027, con disputas internas en la alianza gobernante y el principal partido de oposición señalado por la fiscalía. Aunque, como ocurre en casi todas las elecciones, la ciudadanía valorará la seguridad y la economía como los principales factores para emitir su voto. En el primer indicador no se han observado grandes mejoras, mientras que el segundo se ha mantenido estable, pero sin un crecimiento destacado.
Dentro de los avances positivos en otras investigaciones judiciales, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, señalado como autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, y líder del llamado “Movimiento Sombrero”, que le permitió ganar la alcaldía bajo una bandera independiente y apartidista.
El caso ya tenía meses de investigación y las autoridades fueron criticadas por el extenso plazo que tomó dar con los presuntos responsables. Además, se ha señalado que hasta el momento no hay perfiles políticos relevantes implicados, salvo la escolta personal de Manzo, lo que ha levantado especulaciones sobre posibles acuerdos de protección a rivales políticos, sin que exista hasta ahora una acusación sólida contra algún actor específico.
Este caso también es representativo de las posibles implicaciones de apertura de información bajo los nuevos lineamientos. En el caso de Carlos Manzo, su viuda, Grecia Quiroz García, ha realizado señalamientos contra Morena que han sido retomados por medios de comunicación y que podrían ser sujetos a censura bajo las nuevas reglas de telecomunicaciones. Para distintos actores, principalmente a nivel estatal, una herramienta de este tipo podría resultar ideal rumbo a 2027, sobre todo ante el incremento exponencial de señalamientos contra gobernadores y alcaldes morenistas, sin que hasta ahora esto haya alcanzado la popularidad de la presidenta.
En una sociedad digital, donde el modo de hacer campañas pasa cada vez menos por los círculos rojos de opinión y los pasillos de las televisoras, las redes sociales continuarán siendo el principal vehículo de promoción o deslegitimación de candidaturas. Ahí es donde el Gobierno y la oposición juegan en un plano más nivelado, con la posibilidad de recurrir a bots y estrategias sensacionalistas para posicionarse. En este terreno, el control estatal es una quimera que solo países con infraestructura especializada han logrado imponer de cierta forma, con todos los costos que ello implica para el desarrollo de una sociedad democrática.
Así, la disputa por las candidaturas de 2027 tendrá, desde la perspectiva de este análisis, una distinción territorial más marcada que en otros procesos. El apoyo y la popularidad del Ejecutivo continuarán siendo un factor, pero la población votará cada vez más con base en coyunturas locales, ante la dilución del discurso de la transformación nacional. Esto podría incentivar a los partidos a colocar perfiles atractivos, aunque no tengan una militancia tan añeja dentro de sus organizaciones. Continuar priorizando acuerdos políticos para estas posiciones podría mantener la sensación de ilegitimidad política de distintos actores.