Radar Cuadrante

Quien no tuvo la misma suerte en las negociaciones bilaterales fue Mark Carney, primer ministro de Canadá. Se informó que distintos productos canadienses enfrentarán un arancel adicional del 50 por ciento, que se suma a los gravámenes impuestos hace 18 meses, cuando comenzó la guerra comercial entre ambas naciones. Como en ocasiones anteriores, los argumentos esgrimidos por Washington fueron relativamente ambiguos, al citar el proteccionismo canadiense hacia su industria agrícola y las especificaciones técnicas que exige su gobierno para permitir el ingreso de diversos productos estadounidenses bajo argumentos sanitarios. No obstante, cabe destacar que los nuevos gravámenes entrarán en vigor hasta el 19 de agosto, lo que podría indicar que se otorgó un margen para continuar las negociaciones.Aquí existe una arista interesante para distintos gobiernos. Con las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos y los bajos niveles de aprobación del presidente Trump, los países afectados podrían optar por resistir durante algunos meses el embate económico mediante medidas recíprocas estratégicas que profundicen los efectos inflacionarios dentro de Estados Unidos. Esto podría generar una mayor presión del electorado sobre la administración federal.

El rechazo ciudadano no ha demostrado, por sí solo, ser suficiente para hacer que Trump modifique sus políticas, y los contrapesos institucionales parecen ser ya una cosa del pasado, con un Congreso y un Poder Judicial que le han otorgado un amplio margen de acción sin mayores repercusiones políticas o legales. Sin embargo, el principal contrapeso a sus decisiones ha sido la reacción de los mercados. En las pocas ocasiones en que ha decidido dar marcha atrás o extender plazos, ello ha ocurrido tras caídas bursátiles y revisiones a la baja en las perspectivas de crecimiento económico.

En el caso de Norteamérica, la integración económica lleva más de 30 años construyéndose, por lo que cualquier intento de desacoplamiento está destinado a enfrentar importantes limitaciones tanto políticas como económicas.

Independientemente del desenlace de estas negociaciones, la pérdida de confianza en la estabilidad comercial de la región ha sido significativa. Si bien las relaciones bilaterales siempre han estado sujetas a prioridades políticas, durante décadas existió un consenso bipartidista respecto a que la integración de Norteamérica era positiva para la macroeconomía. Sin embargo, la evidencia acumulada en los últimos años sobre sus efectos a nivel microeconómico en los distintos países ha llevado a un periodo de reacomodo y reinvención de las relaciones comerciales.

Los beneficios del libre comercio no pueden concentrarse únicamente en los grandes inversionistas. En México, la respuesta política consistió en fortalecer los apoyos económicos dirigidos a los sectores más vulnerables. En contraste, en Estados Unidos se ha buscado preservar los aspectos favorables del modelo económico actual sin implementar políticas internas que mitiguen sus efectos negativos sobre la población, optando por la vía más sencilla de responsabilizar a factores externos por la pérdida de calidad de vida, en lugar de impulsar una reestructuración política que atienda las causas de fondo del problema.