Radar Cuadrante
Aldo Arroyo Pellón, Ejecutivo de Asuntos Públicos
21 de Julio de 2026
“Cuando la unidad depende de la Presidencia”
Esta semana Baja California se ha convertido en el más reciente epicentro de las disputas internas de Morena tras la publicación de audios en los que la gobernadora Marina del Pilar Ávila ofrece a presuntos representantes de Estados Unidos información confidencial obtenida en mesas de seguridad. La conversación apuntaba a una posible negociación para recuperar su visa, revocada por las autoridades estadounidenses en mayo de 2025.
La gobernadora trasladó rápidamente los costos políticos al exgobernador Jaime Bonilla, actual coordinador del Partido del Trabajo en la entidad. Ávila afirmó que Bonilla le presentó a los supuestos interlocutores estadounidenses y sostuvo que la filtración formaba parte de una estrategia política en su contra. En respuesta, el exmandatario, investigado por contratos suscritos con la empresa energética Next Energy durante su administración, declaró que Marina del Pilar buscaba desviar la atención de las indagatorias que, según él, mantienen autoridades estadounidenses en su contra.
Uno de los elementos más relevantes del caso ha sido la evolución de la postura presidencial ante la divulgación gradual de los audios. En un primer momento, la presidenta consideró suficientes las explicaciones de la gobernadora y descartó una investigación. Incluso el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que las grabaciones carecían de elementos incriminatorios. Días después, se difundió un segundo audio en el que la gobernadora aceptaba acudir a un encuentro en Panamá con presuntos agentes estadounidenses, elevando la tensión política pues sugería que el contacto podría desarrollarse fuera de los canales institucionales, con la participación de una funcionaria que, por su cargo, tiene acceso a información confidencial.
Ante este nuevo escenario, la presidenta solicitó mayores explicaciones a la mandataria estatal. Aunque la apertura de una carpeta de investigación en el corto plazo parece poco probable.
Otro ángulo relevante es la disputa interna que comienza a profundizarse dentro de la coalición oficialista a partir de investigaciones específicas impulsadas por autoridades estadounidenses. Resulta difícil determinar si la fragmentación política forma parte de los objetivos de estas acciones judiciales; sin embargo, el episodio exhibe la fragilidad de la alianza gobernante.
Sus integrantes mantienen conflictos locales que ya han reducido su capacidad de movilización. Un ejemplo reciente ocurrió en Coahuila, donde el PRI conserva un control regional considerable, mientras la falta de coordinación entre Morena y el PT contribuyó a los resultados adversos obtenidos en las casillas. En Baja California, los dirigentes con mayor exposición mediática de ambos partidos sostienen una confrontación abierta. El nivel alcanzado por las acusaciones vuelve políticamente inviable, al menos por ahora, la realización de actos de unidad y movilización conjunta.
En medio de esta coyuntura, se informó sobre la detención del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo por su presunta participación en una red de huachicol fiscal vinculada con las empresas Ingemar y Servicios Aduanales JR. De acuerdo con las acusaciones, ambas compañías habrían alterado las cifras de importación para comercializar excedentes de combustible de manera ilegal, con una posible omisión fiscal cercana a los $150 millones de pesos.
La participación de Ruffo en estas operaciones había sido señalada previamente por algunos medios. Sin embargo, el momento elegido para ejecutar la detención ha generado cuestionamientos sobre las posibles motivaciones políticas de la investigación.
Las diferencias dentro de la coalición gobernante, combinadas con la presión constante de Estados Unidos en materia económica y política, podrían impulsar una mayor centralización alrededor de la figura presidencial, actualmente el principal activo electoral del oficialismo por sus niveles de aprobación ciudadana.
Esta concentración podría mejorar la coordinación de la alianza rumbo a las elecciones de 2027, pero también abriría espacio para que los perfiles excluidos del círculo presidencial busquen refugio en otras fuerzas políticas. Algunos podrían incorporarse al Partido Verde o al PT, mientras otros intentarían fortalecer sus estructuras locales mediante acuerdos con el PRI, el PAN o agrupaciones emergentes con capacidad de movilización, como Somos México.
La presidenta deberá decidir entre preservar la unidad mediante la estrategia tradicional de asignar representaciones diplomáticas a integrantes de la coalición envueltos en controversias, o mantenerlos dentro de la estructura partidista en cargos con menor exposición pública.
Ambas alternativas implican costos ante la ciudadanía, particularmente en lo relacionado con la percepción sobre la integridad ética de la coalición. También ofrecen argumentos a la oposición, aunque sus gobiernos anteriores y actuales administraciones estatales han enfrentado cuestionamientos similares. La diferencia radica en que Morena convirtió la honestidad gubernamental en uno de los principales fundamentos de su identidad política.
Los próximos meses permitirán observar qué figuras prominentes enfrentan nuevos señalamientos y cómo responde la presidenta. Su margen de decisión estará marcado por la tensión entre conservar la cohesión de la alianza y sostener la narrativa de honestidad.