Radar Cuadrante

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, recibió buenas noticias esta semana tras el fallo de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo eximió, junto con otros nueve funcionarios señalados por autoridades estadounidenses, de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. El fiscal especializado en Control Regional de la FGR, David Boone, explicó que la indagatoria contra el gobernador se inició a partir de una solicitud de detención provisional con fines de extradición, sin que las partes acusadoras presentaran pruebas que confirmaran su responsabilidad.

Esta resolución refuerza la narrativa de la oposición sobre una posible protección desde el Ejecutivo federal hacia perfiles aliados dentro del partido. Sin embargo, también es cierto que, al menos públicamente, se carece de pruebas suficientes contra Rocha Moya. Los señalamientos en su contra se remontan al periodo de campaña, cuando Mario Zamora, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, denunció que grupos armados habían secuestrado y amenazado a varios de sus operadores electorales para favorecer al ahora gobernador. La fiscalía abrió investigaciones por al menos nueve privaciones ilegales de la libertad, además del robo de urnas y la vandalización de casillas, aunque estos hechos quedaron sin vinculación directa con el candidato de Morena.

Para los partidarios de la Cuarta Transformación, estas acusaciones forman parte de una narrativa impulsada por grupos opositores. Como respuesta, suelen retomarse las condenas contra exfuncionarios panistas, entre las que destaca la de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Casos similares a los de Rocha Moya o García Luna pueden encontrarse en prácticamente todos los partidos con presencia nacional, como resultado de un sistema político y territorial en el que, en algunas regiones, la frontera entre autoridad y criminalidad se ha vuelto difusa. Estas disputas partidistas tienen cada vez menos relevancia para una ciudadanía que percibe al aparato político como profundamente afectado por la corrupción.

Aún está por verse cuánto impactarán electoralmente a Morena los señalamientos contra sus integrantes. Esta coyuntura también podría generar un efecto secundario: una revisión más pragmática de las candidaturas rumbo a 2027, en la que se privilegien perfiles libres de acusaciones, casos de corrupción o vínculos con organizaciones criminales.

Al mismo tiempo, la oposición enfrenta una oportunidad para capitalizar el momento mediante la incorporación de perfiles independientes y el impulso de figuras que han ganado presencia mediática como contrapeso al Ejecutivo federal, como ocurre con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Todavía es pronto para formular predicciones precisas. Sin embargo, es posible anticipar que continuarán las tensiones con Estados Unidos. De manera paralela al anuncio sobre el cierre de la investigación contra Rocha Moya, la fiscal general, Ernestina Godoy, informó que se habían identificado “violaciones graves” a la soberanía nacional durante la operación que derivó en el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a El Paso, Texas.

La fiscal acusó que el operativo se realizó sin coordinación con las autoridades mexicanas y que incluyó el ingreso de una aeronave de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). La unidad se encuentra actualmente exhibida en el Museo del Aire War Eagles, en Texas, donde se señala expresamente su utilización en dicha operación.

Este posicionamiento también puede interpretarse como una protesta preventiva, debido a que el presidente Donald Trump ha mantenido abierta la posibilidad de realizar acciones específicas en territorio mexicano. Aunque una operación militar enfrenta fuertes restricciones políticas y jurídicas, una intervención encabezada por agentes estadounidenses para trasladar a una persona todavía podría plantearse como escenario.

Aún está por determinar cuál será el proceder del gobierno estadounidense. Lo que resulta claro es que los señalamientos continuarán, incrementando el riesgo político de que funcionarios de mayor prominencia aparezcan en futuras listas o investigaciones.

Morena deberá actuar con cautela durante los próximos meses y prepararse ante la posibilidad de que se presenten pruebas contundentes contra los gobernadores ya señalados o contra nuevos perfiles. En caso de que las investigaciones permanezcan abiertas sin derivar en sentencias o evidencias concluyentes, la oposición podría mejorar sus perspectivas para 2027 y ampliar su representación en gobiernos estatales y en el Congreso de la Unión.